Los derechos humanos se cumplen cuando las personas pueden acceder a una educación sexual inclusiva e integral, cuando pueden elegir libremente métodos de planificación familiar, cuando pueden decidir si tienen relaciones sexuales y cuándo tenerlas, y cuándo pueden decidir si y cuándo tener hijos y pueden tenerlos en un ambiente seguro y respetuoso. La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, que tuvo lugar en 1994, reconoció que los derechos sexuales y reproductivos eran derechos humanos. Sin embargo, muchas personas no pueden ejercer estos derechos: algunas personas carecen de la información o los medios para tomar decisiones, en tanto que otras sufren coacción, discriminación o violencia. El UNFPA trabaja para empoderar a las personas y las comunidades para que reivindiquen sus derechos mediante diversas estrategias, entre ellas la sensibilización, el fomento de la capacidad de preparación para la vida cotidiana y la colaboración con las instituciones nacionales de derechos humanos. El UNFPA también colabora con los gobiernos para ayudarlos a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud de acuerdos regionales e internacionales. El UNFPA está dirigiendo los esfuerzos de las Naciones Unidas por hacer realidad el principio de no dejar a nadie atrás y convertir las promesas de igualdad y no discriminación en medidas concretas para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres con discapacidad; las mujeres indígenas; las afrodescendientes; las mujeres jóvenes y las niñas; las personas con diversas orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género; y las mujeres de las regiones de bajos ingresos se encuentran en el centro del compromiso del UNFPA con la igualdad.
Todos los países deben tomar medidas para defender los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. Esta es una obligación establecida y afirmada por décadas de leyes, normas, instrumentos, documentos y acuerdos de consenso en materia de derechos humanos. Eso significa que se debe aplicar una perspectiva de derechos humanos para abordar la violencia de género y hacer efectivas la salud sexual y reproductiva y los derechos de todas las personas. Los países deben adoptar medidas más allá del sector de la salud para cambiar las normas, leyes y políticas sociales a fin de defender los derechos humanos. Particularmente importantes son las reformas que promueven la igualdad de género y los derechos de las mujeres y contribuyen a que las mujeres tengan un mayor control sobre sus propios cuerpos y vidas.
El ejercicio de los derechos humanos para todas y todos exige que se preste especial atención a la igualdad y la no discriminación. Esto significa que las organizaciones como el UNFPA deben trabajar para identificar formas de discriminación superpuestas y entender cómo las desigualdades de género se interrelacionan con la discriminación basada en la raza, el origen étnico, la sexualidad, la capacidad, la edad y la apariencia, estado civil y posición en la sociedad, como clase social, casta y posición como ciudadano, indígena, refugiado o solicitante de asilo. Es poco probable que el énfasis en la discriminación de género por sí solo cubra las necesidades o garantice los derechos de las mujeres de color, las mujeres con discapacidad o las mujeres indígenas, para citar ejemplos. El UNFPA también está trabajando para hacer frente al estigma y la discriminación, y está promoviendo el uso de datos desglosados para descubrir violaciones de derechos que pasan desapercibidas. Además, el UNFPA trabaja para incluir y ampliar las voces de las personas marginadas en la formulación de políticas, asegurando su participación significativa mediante el fortalecimiento y apoyo de los movimientos sociales, por ejemplo, y adoptando medidas específicas para atender las necesidades de grupos específicos.
En 2016, la comunidad internacional reconoció abiertamente el derecho a la salud sexual y reproductiva. La salud sexual y reproductiva no es solo parte integral del derecho a la salud, sino que está fundamentalmente alineada con el disfrute de muchos otros derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la salud y la educación, a la igualdad y la no discriminación, a la privacidad, a no ser sometido a tortura y a la autonomía individual. Pero para hacer realidad este derecho, los servicios de salud sexual y reproductiva, la educación y la información deben cumplir las normas de derechos humanos en cuanto a disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. También deben rendir cuentas a las poblaciones afectadas y a los grupos de la sociedad civil. La rendición de cuentas significa no sólo transparencia, sino también la participación significativa de esos grupos en el desarrollo de servicios y en las actividades de sensibilización sobre la salud sexual y reproductiva.
Actualizado el 16 de octubre de 2023
